Más de 2.000 personas en lista de espera para entrar en un geriátrico

En poco más de dos años se ha pasado de 1.000 personas en lista de espera a más de 2.000

Más plazas vacías y listas de espera más largas. Este es el paradójico panorama en el que se encuentran las residencias de la tercera edad en Catalunya. Así, mientras las privadas cada día tienen porcentajes de ocupación más bajos, en las públicas la demanda aumenta progresivamente. Las deudas de la Generalitat con los centros asistenciales, la crisis económica de las familias y el envejecimiento de la población son las principales causas de la situación.

El número de plazas vacías en las residencias privadas en Catalunya ha ido en aumento en los últimos años, llegando ya a las 8.500. Esto supone aproximadamente un 15% de desocupación. En cambio, la situación en la pública es la contraria. El sistema no da más de sí y las listas de espera engordan año a año, llegando ya a 17.000 personas en Catalunya, siendo por primera vez más de 2.000 en la demarcación de Tarragona, según datos reconocidos por la Generalitat y facilitados por el PSC.

Sin embargo, desde el Departament de Benestar Social i Familia explican que «las listas de espera de las residencias no son como las de sanidad», ya que al hacer la petición de la plaza se pueden seleccionar varias opciones. En caso de no ser admitido en la residencia más deseada, se intenta ubicar al paciente en otra. Esto provoca que se pueda estar atendido en un centro y a la vez seguir en lista de espera porque la primera opción en realidad es otra.

El doble

De todas formas, se trata de un número que en poco más de dos años se ha doblado, especialmente por la falta de plazas 100% públicas, por la crisis económica que sufren las familias y «porque la Generalitat no concierta plazas desde agosto del año pasado», denuncia Maria Cinta Pascual, presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), la entidad que aglutina las residencias privadas.

La concertación de las plazas privadas permite que personas que no se pueden permitir pagar una residencia de este tipo puedan acceder a ella abonando una parte del importe, ya que de la otra se hace cargo la administración. Pero los problemas financieros del Govern han congelado la asignación de plazas, por lo que la demanda aumenta a la vez que las residencias se van vaciando por el fallecimiento de los ancianos. «En agosto cerraron las concertaciones y dijeron que era una cosa pasajera de solo uno o dos meses, pero estamos a mediados de enero y no se han vuelto a abrir», lamenta Pascual.

Desde la ACRA defienden este sistema, porque consideran que es «un mecanismo rápido de entrada» a la atención asistencial que «iba muy bien para personas con poca esperanza de vida y con pocos recursos». Pascual afirma que «el precio medio en la privada es de entre 1.700 y 1.800 euros al mes, y muchos ancianos tienen pensiones de 600 euros», con lo que la parte aportada por de la Generalitat resulta fundamental. Con esta fórmula, las personas con necesidades, mientras esperan una plaza pública podrían estar atendidas en una privada. «A la gente mayor no le podemos decir que en los últimos años de su vida no tendrán servicios», reflexiona Pascual.

De nuevo a casa

Otro factor que contribuye al aumento de la desocupación es la crisis económica. Familias que tenían a sus ancianos en las residencias han tenido que llevárselos de nuevo a casa por la imposibilidad de hacer frente al coste asistencial. En casos en que los miembros de la unidad familiar se han quedado en paro, o incluso con la prestación agotada, la pensión de los abuelos se ha convertido en la única fuente de ingresos.

En ancianos con un alto grado de dependencia esta situación supone un problema, tanto para los pacientes como para los familiares que tienen que hacerse cargo, ya que en ocasiones no tienen ni la formación ni los recursos materiales suficientes para cuidarlos en perfectas condiciones. De todas formas, un estudio elaborado el año pasado conjuntamente por ESADE y ACRA concluye que esta situación no es tan habitual como se pueda pensar, y la cuantifica entre el 1% y el 1,5% de los casos de salida de ancianos de las residencias.

Problemas económicos

El hecho de que las residencias privadas no estén llenas provoca grandes problemas económicos a estos centros, que calculan en aproximadamente un 90% el grado de ocupación que precisan para ser sostenibles. Todo lo que esté por debajo puede generar pérdidas. «Tenemos mucho personal, que es el gasto principal y es un coste muy alto», explica Pascual.

Aunque la ocupación no sea total, se hace difícil prescindir de trabajadores, ya que los servicios se tienen que mantener. De todas formas, los empleados en muchos casos han sufrido un empeoramiento de las condiciones laborales, con más horas de trabajo y un sueldo más bajo. Aun así, entre 2008 y 2012 en Catalunya cerraron un total de 106 residencias. Algunas, por razones económicas.

Una situación que se puede agravar en el futuro, ya que además de la situación coyuntural, la Generalitat «nos debe 90 millones de euros», asegura la presidenta de la ACRA. «En 2012 nos pagaron 60 millones de euros de deudas atrasadas con un crédito ICO para proveedores», cosa que alivió las arcas de los centros. Pero Pascual, que también es la presidenta ejecutiva del grupo de residencias L’Onada, explica que «desde enero de 2013 no se pagaron las deudas de las plazas colaboradoras». Es decir, la parte de la Generalitat que corresponde a los copagos por la asistencia concertada. Los impagos del año pasado han generado un agujero de 90 millones, lo que se considera «un drama» para las empresas.

Pascual comenta que este 8 de enero «nos pagaron dos millones de estos 90; una miseria», y la gran preocupación es que no saben cuándo cobrarán. Con los nuevos presupuestos de la Generalitat tenían la esperanza de que se pagarían pronto, «pero con la primera lectura hoy por hoy no lo vemos claro», dice Pascual.

Por tanto, la primera prioridad de la patronal es «poner toda la deuda encima de la mesa y calendarizar los pagos». Para ello hay una reunión prevista para este mismo enero en la que las empresas esperan conseguir un compromiso de la administración para recibir todo el dinero pendiente a lo largo del 2014.

Envejecimiento

Otro factor que juega en contra es el envejecimiento de la población. En 2011 en la provincia de Tarragona había 130.963 personas mayores de 65 años. Un número que en 2012 creció hasta las 133.594; un incremento de 2.631 ancianos. Las plazas de residencia también crecieron, pasando de 5.763 a 6.076 en 2012 –313 más–. En las próximas semanas se espera que se publiquen los datos de 2013.

De todas formas, según el informe de ESADE y ACRA, en Catalunya hasta el 2020 se tendrán que crear 1.000 plazas anuales de residencias geriátricas si se quieren mantener las ratios de cobertura actuales, como consecuencia del envejecimiento. El informe además expresa su preocupación porque asegura que el sector público no tendrá capacidad para crearlas, con lo que deberá ser la iniciativa privada la que dé el paso.