Las patronales catalanas piden al ICASS que no se suspendan indefinidamente las prestaciones económicas vinculadas a servicios sociales

Ante la suspensión indefinida de las prestaciones económicas del ICASS vinculadas a servicios sociales, la ACES (Asociación Catalana de Entidades de Salud), la ACRA(Asociación Catalana de Recursos Asistenciales), el CSC (Consorcio de Salud y Social de Cataluña), la UCH (La Unión) y la UPIMIR (Unión de pequeñas y medianas residencias) se han ofrecido a trabajar con el ICASS para buscar soluciones conjuntas que hagan posible la sostenibilidad del sistema de atención social catalán.

Recientemente el ICASS ha anunciado varias medidas que afectan a los usuarios, los trabajadores y la viabilidad de los centros. Así, por ejemplo, ha anunciado que se mantendría de manera indefinida la suspensión de la realización de los Programas Individuales de Atención (PIA) de prestación económica vinculada al servicio de atención residencial, así como el ingreso asociado a plazas de prestación económica vinculada, que comenzó el mes de agosto.

A esto se suma la rebaja 4,6% al módulo social de las diferentes líneas de atención sociosanitaria, con efecto retroactivo del 1 de enero. Este módulo es la parte que paga Bienestar Social y Familia para las personas ingresadas en los centros sociosanitarios.

Ante esta situación, las patronales han manifestado que la supresión de los PIA vulnera especialmente el derecho de los ciudadanos a optar por una plaza residencial de libre elección (actualmente la lista de espera es de 17.000 personas). Asimismo, lesiona la ocupación de los centros poniendo en riesgo su viabilidad. El sector es uno de los pocos que ha mantenido la capacidad para generar empleo (actualmente de un 1,2% sobre el total de la población activa catalana) y un incremento de cotizaciones a la Seguridad Social.

Las asociaciones de entidades que prestan servicios sociales piden también que no se aplique la rebaja del 4,6% al módulo social de las diferentes líneas de atención sociosanitaria, con efecto retroactivo del 1 de enero. Antes del verano, la Dirección General del ICASS afirmó que no habría disminución en la tarifa, que en los últimos años ya ha sido congelada sin recoger el impacto del IPC.

Este recorte llega cuando los centros ya han establecido acuerdos con sus trabajadores según la planificación prevista para el 2013. Por tanto, su aplicación incidirá notablemente en los centros. A estas medidas se añade la deuda que el ICASS ya tiene con los centros y que los está generando graves problemas de tesorería.

Dada la difícil situación económica actual, las asociaciones empresariales creen firmemente que se debe trabajar conjuntamente en favor de la sostenibilidad del sistema y en definitiva del bienestar de los ciudadanos. Por ello se han ofrecido a negociar con el departamento de Bienestar y Familia para encontrar soluciones conjuntas a unas medidas que “afectan a los usuarios, los trabajadores y la viabilidad los centros”.

07-10-2013

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